Cde. Expte. Nº 18389/24 H.C.D.
VISTO:
La reunión mantenida en el penal de Ezeiza el 11 de julio del corriente por los diputados libertarios Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci con los represores Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el “Pájaro” Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Adolfo Donda, Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Masón, todos ellos miembros de las fuerzas de seguridad condenados por crímenes de lesa humanidad; y
CONSIDERANDO:
Que, las experiencias repetidas de violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos fundamentales sufridas en nuestro país en distintos períodos de su historia contemporánea, alcanzaron carácter masivo y sistemático conformando un verdadero genocidio a partir de la última dictadura militar;
Que, la sociedad argentina construyó hace 40 años un consenso relativo a la democracia y a las políticas de memoria, verdad y justicia para establecer las normas de una convivencia pacífica y civilizada;
Que, en ese marco la sociedad acompañó el Juicio a las Juntas, la sentencia de la Cámara Federal que condenó a las cúpulas militares de la dictadura y la condena a todos aquellos represores que cometieron aberraciones contra la dignidad humana;
Que, la visita de diputados nacionales oficialistas a esos represores, sumadas a las declaraciones que trascendieron en la prensa, constituyen una afrenta al Sistema democrático y la convivencia social en relación con hechos y cosas juzgadas;
Que, durante la última sesión, con fecha 24 de julio este Honorable Cuerpo sancionó una declaración de repudio ante los hechos conocidos hasta ese momento.
Que, con posterioridad a esa declaración, una de las diputadas que participó de la visita, Lourdes Arrieta, denunció ante la justicia a integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), integrantes del Congreso y miembros del grupo que organizó la visita por una larga lista de delitos: coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, conspiración y malversación de caudales públicos. Los denunciados son Benedit, Olivera Ravasi, Saint Jean, Riggi, Olea, Ferreyra, Montenegro y Sharif Menem –mano derecha de Martín Menem en la Cámara de Diputados– y al jefe del SPF, Fernando Martínez
Que, el juez federal Ernesto Kreplak, subrogante del juzgado de Lomas de Zamora que tiene jurisdicción sobre el penal de Ezeiza, recibió la presentación judicial del titular del Tribunal Oral Federal Nº 5, Daniel Obligado, en la que solicitaba la investigación del cónclave entre libertarios y genocidas.
Que, adhirieron a la causa Llonto, abogado de Derechos humanos y querellante en causas de delitos de lesa humanidad, y el fiscal Félix Crous que encabeza en el Ministerio Público Fiscal la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.
Que, se constató que los legisladores en cuestión no realizaron las formalidades correspondientes para concretar una visita a los presos, ya que contaban con el apoyo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que tiene bajo su mando al Servicio Penitenciario Federal.
Que, previo a la visita a los genocidas se realizaron reuniones organizadas a través de un grupo de Whatsapp creado en febrero del corriente año, conformado por legisladores de LLA, abogados, el cura Javier Olivera Ravasi (hijo del genocida condenado a perpetua Jorge Olivera), entre otros.
Que, las reuniones tenían como objetivo lograr la libertad de los condenados por delitos de lesa humanidad, planteando la promulgación de una ley o un decreto que dictamine la prescripción de las causas por plazo razonable y la inmediata prisión domiciliaria a los setenta años de edad del condenado.
Que, por orden judicial el viernes 9 de agosto se realizó el allanamiento de la cárcel y los funcionarios secuestraron el libro de ingresos y visitas y las filmaciones de las cámaras de seguridad.
Que, la Cámara de Diputados definió que será la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados la que investigue el accionar de los legisladores que visitaron a genocidas en la cárcel de Ezeiza.
Que, como representantes de los vecinos de Hurlingham tenemos el deber de defender los principios constitucionales y los acuerdos democráticos que rigen la vida en comunidad;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE
RESOLUCIÓN
Art. 1°: Instar a la Cámara de Diputados de la Nación a la expulsión de sus bancas para los seis diputados que visitaron a los genocidas detenidos en el penal de Ezeiza, condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura.
Art. 2°: Comuníquese al D.E.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Hurlingham, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinticuatro.
REGISTRADA BAJO EL N° 046/24.